Los textos y las imágenes que se difundan vía Internet en Venezuela estarán sujetos a controles. Así lo determina una reforma a la ley de medios radio-eléctricos aprobada ayer en la Asamblea Nacional y que suscitó varias críticas opositoras.

El Congreso, dominado por el oficialismo hasta el 5 de enero, aprobó el proyecto de reforma a la ley de medios radioeléctricos promovido por el chavismo. Esta ley incluye regulaciones para Internet, así como sanciones de multas para los proveedores del servicio electrónico.

El oficialismo aprobó también la reforma a la ley de telecomunicaciones que amplió las facultades del Ejecutivo para controlar el sector, catalogado como "servicio de interés público". La reforma pone en riesgo la independencia del canal Globovisión, la única televisora opositora del país.

En uno de los artículos reformados se prohíbe la difusión de mensajes por medios electrónicos que puedan "fomentar zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público", "desconocer las autoridades", "irrespetar a los poderes públicos o personas que ejerzan dichos cargos", "inducir al homicidio", "incitar o promover al odio" y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia.

Asimismo, se estableció que "los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes divulgados" que vulneren la ley.

En un discurso durante una sesión especial, la presidenta de la Asamblea, Cilia Flores, anunció ayer la sanción de la reforma de la ley que entrará en vigencia luego que se publique en la Gaceta Oficial.

El diputado oficialista Mario Isea descartó que la regulación vaya a limitar el uso de Internet y las redes sociales.

Críticas. Por su parte, la diputada oficialista disidente, Pastora Medina, objetó la regulación. "El espíritu de esta ley no va resolver nada de las comunicaciones e información, sino que restringe, censura, autocensura, genera más prácticas de odio y de violencia, y no va a mejorar el proceso educativo producto de una buena comunicación", afirmó.

El director del portal local Noticias 24, Frank De Prada, indicó que las regulaciones tienen unos "conceptos demasiado amplios" que complican la aplicación de la ley, y sostuvo que la reforma "no sólo es limitante a la libertad de expresión del ciudadano, sino también al derecho a recibir información".

El directivo también objetó que los administradores o dueños de sitios web puedan ser imputados por los mensajes que difundan los visitantes de las páginas.

La Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e) rechazó la reforma en un comunicado, asegurando que "pretende establecer la censura y bloqueos de sitios y portales web", y es "atentatoria contra la libertad de expresión".

"Pretender controlar Internet mediante una ley que regule su contenido y difusión es pretender censurar, callar, y controlar a millones de venezolanos que se verían limitados a acceder y a expresar opiniones y puntos de vista de forma libre y espontánea como lo expresa nuestra Constitución", agrega.

El diputado oficialista Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, le restó importancia a las críticas y dijo que la regulación "amplía la participación de todos los sectores de la sociedad".

Las nuevas reglas

En uno de los artículos reformados se declara como "servicio de interés público" el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones, la prestación de servicios de radio, televisión y producción nacional audiovisual.

El plazo de la licencia de transmisión para la radio y la televisión fue disminuido con esta reforma de 20 a 15 años.

De igual forma se estableció que las autoridades podrán retirar la licencia a las televisoras o emisoras de radio que sean sancionadas en más de una oportunidad por violar la ley del sector. Esta regulación podría afectar al canal Globovisión, que tiene más de seis procedimientos pendientes de decisión por presuntas violaciones a la ley. En 2009, 34 emisoras de radio fueron sacadas del aire por incumplir regulaciones oficiales.

La ley también incrementa los multas a los medios radioeléctricos, que llegarán al 10% de los ingresos brutos del año anterior, además de la suspensión del servicio por 72 horas seguidas; más la revocación definitiva de la señal si se reincide en alguna falta.

Esta nueva legislación también facilita al Estado obtener las acciones de los medios. Por ejemplo, cuando muera un accionista de una radio o televisora el Estado tendrá prioridad para obtener su participación. (AP y AFP)